Cuando hablamos de discapacidad intelectual, entendemos que hay una serie de limitaciones en las habilidades de la persona, pero olvidamos que, el entorno puede capacitarla, o incluso puede discapacitarla más.
Estamos acostumbrados a considerar la incapacidad intelectual como una enfermedad, o que sólo la padecen las personas con síndrome de Down, y esto es una generalización equivocada. Sin embargo, hay una serie de factores o elementos que los discapaces tienen en común, y ello nos permite establecer unas herramientas personales generalizadas, para poder ayudar a estas personas.
Es importante que sepamos que el discapaz mental no sufre una enfermedad mental, sino que es un ciudadano igual, y tenemos que tratarlo como tal. Es importante dar valor a la voluntad de esta persona y a sus preferencias.
En función del grado de coeficiente intelectual y de comprensión de la persona con discapacidad, tendremos diferentes niveles de personas; unas con mayor necesidad de apoyo que otras.
Al apoyar al discapaz, debemos percibir si conoce las consecuencias de su decisión. Muchas personas discapaces las conocen, pero no las asumen, y aún menos las ven. Debemos identificar dónde necesita apoyo, en que ámbito de su vida: económico, laboral, asesoramiento, higiénico, alimenticio, de orden, de estructura vital…
Algunas recomendaciones muy básicas para tener en cuenta a la hora de hablar con personas con discapacidad, pueden ser: no tratarlos como niños (son adultos), mirarlos a los ojos, hablar despacio, con un lenguaje fácil de entender, poco técnico…Es importantísimo que, corroboremos si lo que le estamos diciendo ha sido comprendido; no sólo preguntando si lo ha entendido, sino averiguando si lo ha entendido en el contexto de lo que estamos hablando. Haciendo la pregunta de manera diferente a la exposición o relato mantenido, y usando diferentes palabras, corroboraremos si ha comprendido o no lo que le estamos preguntando y/o explicando.
Muchas personas con discapacidad responden al principio de deseabilidad; es decir, nos dicen lo que nosotros queremos oír. Lo hacen para que lo validemos y no le tratemos como inferior. Por eso, es importante tenerlo en cuenta, porque puede ser que en algún momento responda a ese principio. Para poder identificar si actúa bajo el principio de deseabilidad, nos será útil preguntar de otras maneras diferentes, para comprobar si responde en el mismo sentido.
Este marco legal que reconoce derechos, puede dar la sensación de que protege menos, cuando realmente pretende acercarnos más a la realidad de las personas.
Es probable que al intentar ayudar en su capacidad jurídica (saber si quiere comprar un piso, como quiere organizar sus bienes…), nos haga muchas preguntas que pudieran parecer pesadas o repetitivas. Al tomar una decisión, debe saber qué alternativas hay y qué consecuencias habría, evaluando esas alternativas. Es deseable recabar cómo se sentirá con las distintas soluciones, para comprobar realmente si, después de hacer todo el análisis, la persona continúa pensando lo mismo que al principio respecto a las decisiones o situaciones a enfrentar.
Si no lo ha entendido, deberíamos volver a atrás y replantear la situación de nuevo. El proceder así, nos tranquilizará a la hora de acompañar a una persona con discapacidad intelectual, a que realmente tome una decisión correcta.
Cuando no conocemos a la persona y queremos identificar qué capacidades y apoyos precisa, necesitamos nutrirnos de mucha información de otros profesionales externos. Es probable que en ocasiones quede bastante claro el apoyo que necesita; sin embargo, en otras se requiere más información, ya sea brindada por la propia persona, por allegados, así como por algún informe médico que pueda aportar.
El discapaz puede precisar apoyo en la gestión de sus ingresos, gastos, cuentas corrientes, trámites bancarios y situaciones económicas que él no comprenda. El apoyo no puede consistir en sustituir, en suplantar capacidades; al contrario, las leyes actuales pretenden empoderar al discapaz.
La convención de Nueva York (Convención de la Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad), ha obligado a adaptar nuestra legislación civil procesal, tanto en el ámbito estatal, como en el catalán, implicando una revolución en las formas y maneras en las que las personas con discapacidad, personas con problemas de salud mental y personas mayores, pueden operar en la sociedad ejerciendo sus derechos, con los apoyos necesarios.
Este marco legal que reconoce derechos, puede dar la sensación de que protege menos, cuando realmente pretende acercarnos más a la realidad de las personas.
La intención de las leyes actuales es que todas las personas que están en situación de discapacidad intelectual, puedan tener una sentencia a medida según sus necesidades, estableciendo los apoyos concretos que debe recibir.
Ha existido una tendencia social a sobreproteger al discapaz, y la tendencia actual es la de permitir que la persona tome sus decisiones, y aunque algunas veces se equivoque. La pregunta es ¿Qué consecuencias está generando y generará la nueva legislación?
¿Qué te pareció este artículo? Deja tu opinión: