El derecho a hablar y pensar libremente no es un lujo ni un favor otorgado por los gobiernos, es el corazón mismo de toda sociedad democrática. Es lo que permite que las ideas fluyan, que los ciudadanos cuestionen a sus líderes y que los debates sean el motor del progreso. Pero en los últimos años, especialmente en Europa, ese derecho está siendo amenazado como nunca antes. En nombre de la «protección» contra el discurso de odio o la desinformación, las élites políticas, apoyadas por gigantes tecnológicos y verificadoras de noticias, están consolidando un sistema de censura que pone en peligro nuestra capacidad de pensar y hablar con libertad.
Este artículo no es solo una crítica a esas dinámicas, sino también una invitación a reflexionar: ¿cuánto valoramos nuestra libertad de expresión? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para protegerla?
¿Qué está pasando con la Ley de Servicios Digitales?
La Ley de Servicios Digitales (DSA), implementada en 2024, se presentó como una herramienta moderna para protegernos de contenidos dañinos en internet, como el fraude o la explotación infantil. Sin embargo, en la práctica, esta legislación se ha convertido en una herramienta de censura disfrazada de regulación.
Bajo el pretexto de combatir la «desinformación», la DSA otorga a la Comisión Europea y a los gobiernos de los Estados miembros un poder sin precedentes para exigir a las plataformas digitales que eliminen contenido que no se ajuste a las narrativas oficiales. Una de las plataformas más afectadas por esta normativa ha sido X (anteriormente Twitter), desde que Elon Musk asumió su dirección.
Musk transformó X en un espacio para la libre expresión, eliminando políticas de censura restrictivas y recuperando cuentas previamente bloqueadas. Pero su postura desafiante hacia la narrativa dominante no fue bien recibida en Bruselas. En diciembre de 2023, la Comisión Europea abrió un expediente sancionador contra la plataforma, acusándola de no tomar suficientes medidas para combatir los «bulos» y de irregularidades en su sistema de verificación de cuentas.
Recientemente, Bruselas ha intensificado su presión, exigiendo que X entregue documentación interna sobre sus algoritmos de recomendación y conserve todos los documentos relacionados con su funcionamiento durante casi un año. Este nivel de escrutinio no solo parece desproporcionado, sino que deja claro un mensaje: las plataformas que desafían el control narrativo son tratadas como enemigas.
Sin embargo, el caso de X no es aislado. La diferencia en el trato hacia otras plataformas como Meta, que han mostrado un historial de censura más alineado con las élites políticas, es evidente. Mientras Zuckerberg ha anunciado recientemente un giro hacia la libertad de expresión, su pasado sugiere que su motivación es más comercial que un verdadero compromiso con este derecho fundamental.
¿Por qué debemos preocuparnos por las verificadoras de noticias?
Otro aspecto clave de este sistema de control es el papel de las «verificadoras de noticias», organizaciones que, en teoría, ayudan a combatir la desinformación. En la práctica, muchas de estas entidades han demostrado estar profundamente sesgadas, financiadas con ingentes cantidades de dinero público por gobiernos e instituciones alineadas con una narrativa ideológica específica.
En los últimos años, los países europeos y la Unión Europea han destinado millones de euros a estas verificadoras, otorgándoles un poder enorme para decidir qué es verdad y qué no. Lo que comienza como un esfuerzo para verificar datos se convierte rápidamente en una herramienta de censura, donde opiniones incómodas son etiquetadas como «falsas» o «dañinas» y eliminadas de las plataformas digitales.
El verdadero problema radica en la falta de transparencia. ¿Quién supervisa a estas entidades? ¿Quién asegura que no actúan como meros brazos ejecutores de las élites políticas? En demasiados casos, las verificadoras han actuado como censores, eliminando contenidos que simplemente no encajan en el marco ideológico dominante, incluso cuando estos no representan una amenaza real.
¿Fue 2024 un año marcado por la censura institucionalizada?
El año pasado, 2024, dejó al descubierto la profundidad de la crisis de la libertad de expresión en Europa. Desde intentos de cancelar eventos conservadores hasta el uso de la fuerza para intimidar a quienes desafían las narrativas predominantes, los ataques a las libertades fundamentales han sido constantes.
En abril, el alcalde de Bruselas intentó prohibir la conferencia del Conservadurismo Nacional (NatCon), una de las reuniones conservadoras más importantes de Europa. Los asistentes fueron etiquetados como «extremistas de extrema derecha», y la conferencia se realizó bajo una intimidante presencia policial. Aunque los organizadores lograron que el evento continuara gracias a una apelación judicial, el episodio evidenció hasta dónde están dispuestas a llegar las élites para silenciar a sus opositores.
Otros ejemplos incluyeron la cancelación del lanzamiento del libro La Guerra Contra el Pasado de Frank Füredi, bajo la excusa de preservar la «inclusión», y las violentas protestas contra el lanzamiento de un libro del eurodiputado de Patriotas por Europa, Jordan Bardella, en Bruselas.
Este tipo de censura no es solo una cuestión política, sino también cultural. Está arraigada en el lenguaje, que ha sido manipulado para justificar acciones profundamente antidemocráticas. Palabras como «desinformación», «extrema derecha» o «inclusión» han sido redefinidas para servir a los intereses de las élites.
¿Qué está en juego?
La lucha por la libertad de expresión no es un debate abstracto. Es una lucha por preservar nuestra capacidad de pensar y construir democracias verdaderamente inclusivas, donde todas las ideas puedan debatirse sin miedo. Si aceptamos la censura como algo normal, si permitimos que términos ambiguos como «desinformación» o «discurso de odio» se utilicen para justificar el silenciamiento de voces disidentes, estamos renunciando a nuestro derecho más básico.
Los intentos de censura que vimos en 2024 también mostraron algo importante: la resistencia. Eventos como la NatCon, las acciones de Elon Musk en X y la valentía de quienes se negaron a cancelar lanzamientos de libros son recordatorios de que la libertad de expresión no se perderá mientras haya quienes estén dispuestos a luchar por ella.
¿Acaso la libertad no es negociable?
El futuro de Europa depende de las decisiones que tomemos hoy. Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de exigir transparencia en el uso de fondos públicos para financiar verificadoras sesgadas. Debemos cuestionar leyes como la DSA, que, bajo el pretexto de protegernos, amenazan con controlar nuestras vidas.
La libertad de expresión es el fundamento de todas las demás libertades. Sin ella, no podemos debatir ideas, cuestionar a quienes están en el poder ni imaginar un futuro mejor. La elección es nuestra: o defendemos con valentía este derecho esencial, o permitimos que sea arrebatado poco a poco.
La libertad no es negociable, y nunca deberíamos darla por sentada. Es una lucha constante, y su pérdida tendría un precio incalculable para nuestras sociedades. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio?.
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