El Parlamento de Francia aprobó un proyecto de ley para aprobar el derecho de la mujer al aborto en la Constitución en una votación del pasado lunes 4 de marzo, mientras los legisladores se reunían para una sesión conjunta del Parlamento en el Palacio de Versalles. El proyecto de ley fue aprobado en una estremecedora votación de 780 a 72, y casi toda la sesión conjunta aplaudió el triste resultado.
La reforma constitucional modifica el artículo 34 de la Constitución francesa para especificar que «la ley determina las condiciones mediante las cuales se ejerce la libertad de la mujer de interrumpir voluntariamente un embarazo, lo cual está garantizado».
Ante este evento históricamente escalofriante, la Conferencia Episcopal Francesa (CEF) no dudó en redactar un comunicado. «Como católicos, debemos seguir sirviendo a la vida desde la concepción hasta la muerte, ser artesanos del respeto por cada ser humano, que es siempre un don dado a todos los demás, y apoyar a quienes eligen conservar a su hijo incluso en circunstancias difíciles».
«Oremos para que nuestros conciudadanos redescubran el gusto por la vida, por darla, por recibirla, por acompañarla, por tener y criar hijos», concluyeron los obispos.
¿Pero, cómo hemos llegado hasta ese punto?
Francia ha sido históricamente uno de los países europeos más liberales en cuanto a los derechos reproductivos, legalizando el aborto con la Ley Veil en 1975. Esta ley permitió el aborto por elección de la mujer dentro de las primeras 10 semanas de embarazo, plazo que ha sido extendido posteriormente. La última modificación en 2022 extendió los plazos hasta las 14 semanas.
Bajo la presidencia de Macron, Francia ha avanzado con rapidez hacia la elaboración de sus leyes sobre el aborto, hasta tal punto que la anulación del derecho al aborto a nivel nacional en Estados Unidos por la Corte Suprema en junio del año pasado fue visto por el gobierno francés como una oportunidad partidista para anunciar más iniciativas por parte del gobierno. Una de ellas la de «constitucionalizar» el aborto como un derecho absoluto, incluso rechazando la cláusula de consciencia del personal sanitario.
Hay que aclarar que enmendar la constitución es un proceso laborioso y un evento poco común en Francia, que requiere un referéndum o una mayoría de tres quintos en el Parlamento después de que ambas cámaras acuerden un lenguaje común. Desde su promulgación en 1958, la Constitución francesa ha sido modificada 17 veces. La última vez fue en 2008, cuando se concedieron más poderes al Parlamento y se concedió a los ciudadanos franceses el derecho a presentar sus quejas ante el Tribunal Constitucional.
A consecuencia de estas políticas, de todos los países europeos, incluso de Europa occidental, Francia es el único donde el número de abortos no ha disminuido e incluso ha aumentado en los últimos dos años.
¿Qué opina Europa ante esta situación?
Todo comenzó con la elección de Roberta Metsola, la actual presidenta del Parlamento Europeo. Metsola fue duramente criticada ya que siempre mantuvo una postura personal en contra del aborto, influenciada en gran medida por su origen maltés, un país donde el aborto es ilegal en todos los casos.
Sin embargo, desde su elección como presidenta del Parlamento Europeo, Metsola hizo de tripas corazón y se comprometió en respetar y seguir la posición mayoritaria del parlamento, que es a día de hoy pro-derecho al aborto. Esta postura la llevó a comprometerse a no votar en asuntos políticos para asegurar su neutralidad y respeto por las decisiones del parlamento.
Y así fue obligada a hacerlo, apenas un día después de ser elegida presidenta del Parlamento Europeo y tras reunirse con Macron, que casualmente visitaba el Parlamento de la UE en Estrasburgo para iniciar la presidencia rotatoria de su país en enero de 2022. Metsola prometió firmar el pacto liberal que garantizaba el acceso de las mujeres al aborto y a los anticonceptivos en toda la UE.
Macron dijo en aquel momento que presionaría para que se añadieran el derecho al aborto y la defensa del medio ambiente a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
Por otra parte, la marea feminista que inunda las instituciones europeas no solo ha impulsado el aborto, sino que han favorecido muchas otras políticas teñidas de ideología de género, situando al adulto en una posición de privilegio ante el propio bebé. Es el caso del polémico Certificado europeo de filiación que coloca al niño en una posición de verdadera vulnerabilidad ante las adopciones ilegales o la trata de personas.
Mientras todas estas políticas se desarrollan a una velocidad temeraria, los partidos conservadores del Parlamento europeo, en especial los españoles, han estado en una lucha continua para que la mujer sea respetada en su deseo natural de ser madre y formar una familia. Denuncian que a la mujer se le está viendo privada de la vocación de ser madre por múltiples factores sociales y profesionales, han pedido innumerables veces a la Comisión que promueva una visión fundamentada de la maternidad como un bien propio para la mujer, la familia y la sociedad. También han implorado la creación de políticas de apoyo a la maternidad, en las que se procure a las madres un reconocimiento social y tangible en su labor en el cuidado de sus hijos durante la infancia, pero nada de esto ha sido escuchado por las instituciones europeas.
¿Qué podemos hacer ante tales injusticias?
Asumir que Europa camina hacia su extinción si no hacemos algo en las próximas elecciones europeas del mes de junio. No debemos callarnos y normalizar que se formalicen estas aberraciones con leyes de ideología de género. Vivimos ante un fracaso de esta supuesta sociedad tolerante, que vende la protección del más desfavorable. En vez de amparar a la mujer durante el embarazo y la infancia en circunstancias delicadas se plantea el aborto como derecho.
Aceptar que una madre tenga derecho a acabar con la vida de su hijo si no le conviene, legitima todo tipo de violencia. No hay que mirar hacia otro lado, al revés hay que observar cómo tras 50 años de promoción de la cultura de la muerte en Francia ha desembocado en que el valor de la vida humana ha quedado reducido a cero.
Mientras en el Reino Unido suben la calificación de Mary Poppins, ahora un niño la tendrá que ver en compañía de un adulto, en Francia el aborto es considerado un derecho constitucional. Una locura.
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